Asociación de Industria de la Música pide a las autoridades no desacatar sentecia prohibe incautación de equipos de sonidos

Las incautaciones a los ciudadanos sobre pasan los 500 millones

La Asociación Nacional de Industria de la Música hizo hoy un llamado a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional a respetar los derechos de los ciudadanos y no desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0434/2024, que prohíbe la incautación de equipo de sonidos y bocinas sin la autorización de un juez.

Los representantes de la organización que agrupa a importadores de equipos de sonidos, tiendas de autodornos, tiendas de electrodomésticos y musicólogos, entienden que, si bien es cierto que la ciudadanía tiene el derecho de descansar y vivir en paz, la Procuraduría de Medio Ambiente y los miembros de la Policía Nacional, deben respetar los derechos de los ciudadanos en la aplicación de la Ley 90-19 y los derechos consagrados en la constitución.

“La incautación de equipo de sonido y bocinas por parte de la Policía Nacional sin una orden judicial, constituye una violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 51 de la Constitución”, Señala la organización.

Indican que, aunque el cuerpo de orden tiene la facultad de actuar cuando existe flagrante delito, como la contaminación sónica, cualquier incautación de bienes debe realizarse respetando el debido proceso y la autorización de un juez.

Señalan que, la Ley 90-19 en su artículo 8.3 es muy específica cuando establece que: “las requisas realizadas por las autoridades competentes que generen incautaciones de estas se levantaran actas, debiendo proveer de copias al propietario o su representante. El acta deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 139 del Código Procesal Penal “.

Denunciaron que, los miles de equipos y bocinas incautados ilegalmente por la Policía Nacional y la Procuraduría de Medio Ambiente a propietarios de vehículos, colmados, discotecas y casa de familia, constituye una violación a la constitución y a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Reiteraron que no están de acuerdo con la alteración del orden público, pero no pueden estar de acuerdo con las incautaciones ilegales.

En el artículo 8.5 de la Ley 90-19 se establece “Los ayuntamientos municipales establecerán zonas de tolerancia para actividades especiales, previa certificación de no objeción de la Dirección Provincial de Medio Ambiente “.

Dicen no entender la postura de la ministra de Interior Policía Faride Rafúl, autorizó el cierre de las zonas de tolerancia, violando la Ley 90-19, ya que la Policía Nacional está para proteger y salvar vidas, no para actuar en contra de la constitución y las leyes.